La realidad del narcotráfico, y todos los delitos y dinámicas sociales que involucra el crimen organizado, permea espacios de la vida cotidiana y de las maneras de relacionarnos como sociedad de los que es difícil abstenerse. La Iglesia busca ser una voz de alerta frente a este tema, a la vez que propone caminos para contrarrestar los efectos y construir dinámicas y espacios que sean una contracorriente concreta.
Lo que muestran la cifras
La mención “crimen organizado” incorpora el narcotráfico y da cuenta de la complejidad de un problema que no es inédito en el continente y que desde un tiempo se ha hecho palpable en Chile. Las estadísticas de incidencia de los delitos y el registro de la percepción de las personas muestran la expresión objetiva de la criminalidad y la afectación subjetiva que ubica a la criminalidad como el tema de mayor preocupación en la población.
El problema traspone por cierto las fronteras de Chile, pero la realidad del país desde donde reflexionamos es ilustrativa de un proceso que en alguna de sus fases tiene un desarrollo equivalente en otros países de la región.
Para dimensionar el peso que adquiere esta actividad en el país, un estudio reciente devela el valor estimado del delito organizado, equivalente a un 2,5 % del Producto Interno Bruto con un margen de ganancia entre 30% y 40% estimado: en dólares son 4.000 millones de la divisa.
Hablamos de complejidad en el sentido de un encadenamiento de delitos que se asocian a una presencia expansiva de acciones que muestran organización y el despliegue de una logística que traduce la puesta en escena de los denominados carteles. Por ejemplo, debido a la explotación sexual comercial, solo en el centro de Santiago, el Tren de Aragua recauda 13.5 millones de dólares en tres años, y sus rivales Los Orientales obtienen ganancia por 4 millones de dólares en el mismo tiempo. Otros delitos, como los empréstitos y el rescate de intereses, ponen en movimiento otras agrupaciones: en Valparaíso La Empresa obtiene ganancias por 4 millones de dólares.
La acción policial representa para el caso de Antofagasta un volumen de decomisos de 41 toneladas en un margen de dos años.
En un marco más general, donde el crimen organizado se ha enraizado en la extensión de todos los continentes, Chile se posiciona en el lugar 86, por debajo de países que lideran un ranking sin mayores variaciones. Lo inquietante, a pesar de la distancia, es la configuración del delito que adquiere de manera progresiva características de una mayor complejidad, así es constatable una diversificación del delito; al narcotráfico se agregan la minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen, el mercado de la extorsión intrapenitenciaria –en este rubro el pago de favores alcanza a 300 millones de pesos anuales–.
El emplazamiento del delito en Chile
La interrogante del porqué del emplazamiento del crimen organizado en Chile guarda relación con la estabilidad económica y del dólar, entre las razones de mercado, las hay también razones de índole geopolítico y de ampliación de fronteras comerciales. A su vez, la dispersión urbana y los enclaves de pobreza encuentran condiciones propicias para el reclutamiento de operadores que sirven a los intereses de quienes manejan el negocio. Por cierto, la migración ha sido un factor agravante del problema. Claramente los rezagos en la implementación de la institucionalidad para frenar el delito, principalmente en materia de recursos y, lo que resulta clave, en el seguimiento de la ruta del dinero, han posibilitad un mayor despliegue de las bandas con articulación internacional, quienes suman a sus propósitos nuevas operaciones, como son la adquisición, elaboración y comercialización de drogas e insumos procedentes de países fronterizos. También, aún de modo incipiente, la corrupción de militares, policías y fiscales, acciones que son parte primordial del libreto para asegurar la sustentabilidad del negocio.
El impacto en la subjetividad, el sentimiento de inseguridad
El peso del delito y la amplificación que realizan los medios de comunicación gravitan en la percepción de inseguridad que experimentan las personas, su incidencia crece más allá de la disminución efectiva de los delitos, como ha sucedido con los homicidios en el país. Si tomamos como definición la sensación que tiene la población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere derechos y que además conlleve peligro, daño o riesgo, se pone en evidencia el impacto en la subjetividad de un problema hasta ahora inédito en el país. El tema ha sido medido y registra que un 90% de la población percibe un deterioro de la seguridad pública. En contraste, el 8,5% fueron víctimas de algún delito violento. En la escena de la nueva delincuencia, la violencia, los jóvenes como nuevos protagonistas y el uso de las armas representan los factores más intimidantes.
Otro antecedente que habla de la apreciación subjetiva son los niveles de evaluación de las instituciones: el poder judicial, la gestión de gobierno y los legisladores son infra valorados, siendo las policías las que registran la mejor valoración.
En el marco de la vida familiar, se verifica una creciente inversión en la adquisición de medidas de seguridad, lo que muestra la sensación de intimidación y la reclusión en el mundo de intimidad, condición que trae consigo un desmejoramiento de la calidad de vida de los barrios.
La voz de la Iglesia
Traemos a colación algunas voces significativas de diferentes procedencias que muestran un panorama del sentir de la Iglesia y su visión pastoral.
La Iglesia ha venido pronunciándose sobre el tema, donde se conjuga el dolor, una creciente preocupación por las víctimas, también por las reducidas posibilidades de desarrollo de quienes son coaptados por las bandas del narcotráfico y junto con ello la necesidad de arribar a un desarrollo que fomente el bienestar y otorgue posibilidades de futuro para los jóvenes y quienes viven en sectores carenciados.
Desde la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM), definen el narcotráfico como “un fenómeno con la capacidad para infiltrarse y corromper los poderes del Estado, la policía, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, las empresas, en definitiva, todas las instituciones de la democracia” y que “causa profunda preocupación”. Los obispos del continente observan la magnitud de la acción de los delitos asociados al narcotráfico, que ha sabido encontrar complicidad en los sistemas, eludiendo controles y fiscalizaciones, potenciando en su accionar el manejo de procesos en materia financiera que actúan de modo descentralizado, como el caso de las criptomonedas. En su diagnóstico observan su emplazamiento en el terreno, la conformación de contingentes armados que pugnan por el control del territorio.
El arzobispo de Santiago se ha referido con frecuencia a la problemática. Llaman la atención sus propuestas, la más relevante, convocar a un acuerdo nacional que involucre a todos los sectores para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción, tarea que, señala, tiene carácter de urgente, advirtiendo que la demora puede agravar la situación. Complementariamente ha realizado un llamado a abordar los problemas estructurales, entre los que cuentan la desigualdad social, el abandono social, la urgencia en la tarea educativa, y el fortalecimiento del tejido social. Citamos algunas de sus declaraciones: “ha sido doloroso para los chilenos ver cómo la corrupción se ha enseñoreado de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables”, reafirma, “el crimen organizado y la corrupción demuelen la democracia. Es una verdadera dictadura que no tiene ni ley ni Dios y donde la vida pierde todo valor” (Te Deum Ecuménico 2024).
Por su parte, se preguntan los obispos argentinos, ¿qué podemos decir?, que el delito ha adquirido dimensiones de una empresa, que posee la capacidad de ir más allá de los límites habituales, que impregna y coloniza la vida cotidiana con el miedo, se instala en las conversaciones como un tema inexcusable, pone en aprietos a las autoridades y se ubica como el gran problema que debe enfrentar la política a modo de renovar la confianza de la ciudadanía.
La Conferencia Episcopal Argentina retoma el parecer del Papa Francisco, quien habló en su momento de “la plaga del narcotráfico que favorece y siembra dolor y muerte, lo que requiere un acto de valor de toda la sociedad”. Ya antes, el Papa san Juan Pablo II advertía: “la toxicomanía tiene que considerarse un síntoma de malestar existencial, de una dificultad para encontrar un lugar en la sociedad… vivimos en un mundo carente de propuestas humanas espirituales vigorosas”. En esta perspectiva, los obispos argentinos dan cuenta de un contexto en que impera, en sus palabras, una cultura global del consumismo generadora de deseos insatisfechos, que impone un mercado con una inadecuada escala de valores, donde la plenitud de ser aparece identificada con el tener, de manera que se globaliza la indiferencia en la medida que triunfa la opción por acomodarse en el confort personal. Reafirman los obispos que la presencia de una cultura individualista constituye el marco propicio para “la expansión de las redes de narcotráfico… el narcotráfico está en el espíritu del capitalismo salvaje y de la idolatría del dinero”.
Del emplazamiento ético a la acción pastoral
Los esfuerzos que se han venido realizando de manera directa apuntan a la prevención de las adicciones, la atención de quienes sufren los estragos de la droga, las víctimas, incluyendo los condenados por delitos asociados al narcotráfico en la perspectiva de la reinserción.
De manera específica la Iglesia cursa iniciativas con fines preventivos en orden a educar a los niños y niñas en la cultura del esfuerzo, incluyendo la valoración del estado de derechos. La Iglesia ha manifestado el propósito de estar cerca de las familias y sus dolores, asumiendo la voluntad de cultivar la amistad social, la confianza, el perdón como actitudes que acercan al corazón de Jesús, en tanto se trata de escuchar el llanto de las personas inocentes depredadas en sus derechos y de los afectos de la vida misma.
Se trata de enfrentar una cultura de la muerte que trafica con la vida. En este plano, se debe restaurar el sentido de la urgencia. La respuesta considera un trabajo de fondo en términos de fortalecer y recomponer vínculos que se encuentran debilitados, el descubrimiento y cultivo de una auténtica empatía y con ello de la necesidad de establecer espacios de escucha y conversación.
En esta necesaria cruzada las parroquias constituyen un punto de encuentro, uno de los lugares cercanos a la vida de los barrios y los territorios para el cultivo de una renovada cultura cristiana promotora de auténticos proyectos de vida colmados de una también auténtica esperanza.
Hernán Medina Rueda
Sociólogo (Mg), Federación de Hombres
Noviembre 2025
Bibliografía:
- CELAM (2024): Obispos expresan su preocupación por el flagelo del narcotráfico, recuperado de https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2024-06/celam-obispos-expresan-su-preocuipación-por-el-flagelo-narcotrafico.html
- Fernando Chomali, arzobispo de Santiago (2024): Te Deum Ecuménico.
- Conferencia Episcopal Argentina (2015): “No al narcotráfico, sí a la vida plena”, Asamblea plenaria, recuperado de https://caminosreligiosos.com /episcopado.
- Juan Castro (2025): Informe sobre el valor de los negocios criminales y utilidades de las bandas organizadas en Chile.
Fiscalía de Antofagasta (2024): Informe sobre el Crimen organizado, recuperado de https://www.fiscaliadechile.cl/node /44445